Las organizaciones abajo firmantes demandan una respuesta urgente ante la vulneración de derechos que se viene sufriendo desde hace más de 100 días en los sectores V y VI de la Cañada Real Galiana. La falta de suministro eléctrico que llevan sufriendo los más de 1.800 niños y niñas que viven en estos asentamientos se ha traducido en un empeoramiento extremo de sus condiciones de vida, que se ha visto seriamente agravado por la alta incidencia de la pandemia, así como las frías temperaturas del invierno.

Esta situación pone en riesgo a muchos niños y niñas y provoca una vulneración grave de sus derechos, especialmente en el ámbito de la salud, pero también en otros derechos como el acceso a la educación, a vivir en un entorno adecuado o a la protección. Especialmente grave es en el caso de 20 bebés o de niños y niñas en situación vulnerable, convirtiéndose la necesidad de actuar en una emergencia humanitaria.

Instituciones como el Defensor del Pueblo, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, los relatores especiales de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil o la propia Plataforma de Infancia han trasladado a las diversas instituciones competentes la necesidad de impulsar medidas, tanto urgentes como a largo plazo, para acabar con esta situación, siendo la cuestión más inmediata la necesidad de volver a proveer a las familias de suministro eléctrico.

Las organizaciones firmantes somos conocedoras de situaciones de extrema gravedad y mostramos nuestra perplejidad y preocupación ante la ausencia de medidas suficientes y adecuadas ante el drama humanitario existente.

El Real Decreto Ley 37/2020 aprobado el pasado diciembre es muy claro con respecto a la protección que debe darse a los consumidores vulnerables durante el estado de alarma, prohibiendo el corte de suministro eléctrico incluso en el caso de que no pudieran acreditar la titularidad del contrato de suministro.

Por otro lado, la posible existencia de actividades delictivas en la zona no puede suponer, en ningún caso, un menoscabo de los derechos de los niños y las niñas, ni su culpabilización. Igualmente debe recordarse, ante la existencia de “enganches en precario”, que las personas afectadas han solicitado la posibilidad de tener contratos dentro de la legalidad, pero estos no han sido facilitados ni “se han esclarecido suficientemente las razones que lo impiden o dificultan” como ha trasladado el Defensor del Pueblo. Cabe recordar en este sentido que es un compromiso asumido por todas las administraciones públicas implicadas, a través del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, la garantía de un adecuado suministro de energía eléctrica a todos los ciudadanos de la Cañada Real. Este Pacto fue firmado en mayo de 2017 y dichos compromisos no han sido asumidos ni iniciados.

Por todo ello demandamos:

• La adopción urgente de las medidas excepcionales necesarias para el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico a todas las familias afectadas.
• La adecuación y rehabilitación de la red eléctrica en la zona para garantizar un adecuado suministro eléctrico, partiendo en su caso de un peritaje externo que pueda esclarecer las dificultades técnicas y buscar soluciones a corto y largo plazo.
• Iniciar la posibilidad para acceder a contrataciones dentro de la legalidad en el corto plazo.
• Implementar los acuerdos establecidos en el Pacto Regional de la Cañada Real Galiana en el medio plazo para solventar este y otros graves problemas que sufren las familias de estos sectores.
• Realizar una evaluación del impacto que esta situación está teniendo en el bienestar y derechos de los niños y niñas afectados de cara a la toma de decisiones para reparar el daño e impacto negativo que haya podido tener en los diferentes ámbitos
• Tener en cuenta en todo momento la opinión de las familias afectadas y garantizar que las medidas que se implementan tengan en cuenta el Interés Superior del Niño tal y como obliga la Convención sobre los Derechos del Niño, por encima de cualquier otra consideración.

Hacemos este llamamiento a la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno, los Ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada así como a la empresa suministradora de la energía, Naturgy, para que en el marco de sus competencias hagan efectivas estas demandas.